La Ley Crea y Crece, en vigor desde el pasado mes de septiembre de 2022, avanza a un ritmo frenético y busca instaurar la obligatoriedad de la facturación electrónica en todas las empresas. El objetivo es impulsar la creación y el crecimiento de empresas, reducir los obstáculos regulatorios y acabar con la morosidad de los pagos mediante una plena transparencia y digitalización de los procesos.
El pasado 15 de junio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sacó a audiencia pública el borrador del Proyecto de Real Decreto mediante el cual explica sus requisitos técnicos y cómo debe ser la factura electrónica. A raíz de esto, son muchas las empresas que tienen inquietudes con respecto al proceso de adaptación, pues con el adelanto electoral ahora no se desconocen cuál será la fecha exacta de aprobación del reglamento.
El proceso de aplicación ha comenzado en la primavera de 2023, implicando a quienes poseen una facturación anual superior a los 8 millones de euros.
En base a la normativa, e independientemente de la comunidad autónoma en la que operen, todas las empresas y autónomos estarán obligados a emitir facturas electrónicas en sus transacciones comerciales. En caso de incumplimiento, la ley recoge medidas sancionadoras que contemplan multas de hasta 10.000 euros.
El proceso de aplicación ha comenzado en la primavera de 2023, implicando a quienes poseen una facturación anual superior a los 8 millones de euros. Estas empresas tendrán un plazo máximo de un año para adaptarse a la normativa tras su aprobación. El resto de empresas tendrán hasta la primavera de 2025 para sumarse al cambio.
Claves de la Ley Crea y Crece
En base al nuevo texto normativo, las empresas deberán mantener disponible su facturación a los clientes durante un período estimado de cuatro años, aunque el cliente dejase de serlo, guardando además todos sus datos personales en sus registros.
Además, la plataforma de facturación electrónica deberá recoger un plan de continuidad de negocio, acorde al volumen de intercambio de facturas, con disponibilidad del servicio al 99%, y asegurando la confidencialidad, así como la interconexión e interoperabilidad gratuita con otras plataformas.
La transparencia en las transacciones comerciales fomentará la competitividad entre las empresas al automatizarse el proceso administrativo. No obstante, esto también supondrá un coste a corto plazo para autónomos y pymes que precisen implementar un software de facturación electrónica. El proveedor que seleccionen las empresas deberá brindar plena seguridad y confidencialidad a sus clientes, cumpliendo con los requisitos mínimos de interconexión recogidos por el reglamento técnico.
Existen regulaciones como TicketBai en el País Vasco que sí que podrían aplicase a las relaciones comerciales B2C
Con la nueva normativa se pretende a su vez reducir la tasa de morosidad empresarial, que aumentó en 5,4 puntos porcentuales en la primera mitad de 2022 según datos de CEPYME. De hecho, España dejó de ingresar 5.840 millones de euros en 2019, en concepto de IVA, según datos aportados por la Comisión Europea.
La facturación electrónica traerá consigo un avance de las empresas hacia el ahorro económico, aumentando tanto la eficiencia como la productividad, así como la sostenibilidad, pues se reducirán los gastos de papel, de transporte y de almacenamiento.
¿Cómo afectará a los consumidores finales?
La Ley Crea y Crece no repercute a las transacciones con consumidores finales (B2C) y bastará con el ticket de caja. No obstante, existen regulaciones como TicketBai en el País Vasco que sí que podrían aplicase a las relaciones comerciales B2C.
A día de hoy ni existe ni se prevé la creación de una plataforma pública que contribuya a la facturación electrónica, por lo que las empresas deberán buscar por sus propios medios plataformas privadas para estas operaciones. No obstante, el Gobierno sí que ha puesto en marcha el programa de ayudas en pro de la digitalización de las pymes a través del Kit Digital que parte del programa de ayudas Next Generation.
Es por ello fundamental que las empresas se vayan sumando al cambio hacia la facturación electrónica cuanto antes, ya que todo ello provocará cambios en la cultura empresarial y en la mentalidad de los empleados. De este modo, se evitarían problemas cuando se acercase la fecha límite de consolidación de la norma. Sin duda, un cambio en pro de la modernización de la economía.
