Seis meses después de que la Unión Europa aprobase la normativa del cargador universal USB-C para todos los dispositivos electrónicos que se comercializasen dentro de los países miembros, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España ha lanzado su propia adaptación de la ley.
Se trata de la redacción de un real decreto que recoge la normativa europea, aunque con ligeras modificaciones. El documento, que se puede consultar libremente en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se fija una serie de requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos. Además, se regula el procedimiento para evaluar la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.
El objetivo del real decreto emitido por el Gobierno de España no es otro que promover la interoperabilidad de cargadores, reduciendo la fragmentación del mercado ante la existencia de otros conectores y rendimientos de carga. De este modo, la ciudadanía podría acceder de forma clara, inmediata y comprensible a la información relacionada con las capacidades de carga de los dispositivos que compran.
Hay que recordar que la normativa del USB-C como cargador único obligatorio se impondrá a partir del 28 de diciembre de 2024, a excepción de los ordenadores portátiles que tendrán de margen hasta el 28 de abril de 2026. Un objetivo por el cual se lleva luchando durante más de una década y que finalmente será una realidad.
Uno de los objetivos es promover la interoperabilidad de cargadores.
Al margen de la Directiva 2014/53/UE, el texto que recoge el proyecto español especifica indicaciones de la directiva 2022/2380 del Parlamento Europeo, las cuales se detallan a continuación:
Es el principal objetivo que se marca la nueva legislación nacional, que el usuario pueda adquirir un producto sin cargador, aunque éste viniese acompañando de uno. No obstante, el texto regulativo no especifica que la versión sin cargador tuviese que venderse a un precio diferente, de tal modo que será una decisión que tomará el propio fabricante en base a su particular estrategia de precios.
La idea de vender dispositivos sin cargador fue implantada en el mercado por Apple con los iPhone 12 en el año 2020. No obstante, Apple utiliza un cargador único para todos sus modelos.
Se exigirá a todos los fabricantes que incluyan en sus embalajes información sobre si el dispositivo de carga viene o no incluido en el paquete del producto. Dicho dato esencial deberá quedar reflejado a modo de pictograma, cerca de la indicación del precio de venta a distancia.
Existe un miedo incipiente en la mentalidad del Gobierno y de los consumidores. Al existir un menor número de cargadores y reducirse la oferta, pero estar la demanda en continuo aumento, se teme que puedan aumentar los precios de los cargadores USB-C. No obstante, al poder reutilizarse, los consumidores ahorrarán. Por si fuese poco, la Comisión Europea supervisará de cerca la variación del precio de los cargadores en el viejo continente a través de un exhaustivo ejercicio de control.
Sin duda es uno de los principales objetivos por los que se ha abogado desde el Gobierno. Si se consigue establecer el USB-C como cargador universal se podrán llegar a ahorrar hasta 26 millones de euros al año, reduciendo las inversiones económicas y la generación de residuos y basura electrónica. Se apuesta por la reutilización de cables y cargadores.
Los beneficios para minoristas y distribuidores podrían ascender hasta los 48 millones de euros al año, una rebaja de dos millones de euros para fabricantes europeos y que demuestra la falta de empresas locales dedicadas al hardware. El usuario tendrá derecho tanto a reclamar que los cargadores fuesen USB-C como que éstos no se incluyesen en la compra.
En resumen, el proyecto es claro y estima una repercusión positiva en la situación económica del país al aumentar la tasa de ahorro de los consumidores y disminuir el gasto de éstos en residuos electrónicos innecesarios. Así pues, España generaría una media de 104 toneladas de residuos anuales frente a las 980 de Europa.