A pesar de los avances que han hecho las administraciones públicas, su completa digitalización sigue siendo una asignatura pendiente. Cuatro son las barreras clave que aún deben salvar para agilizar sus procesos y ser 100% digitales.
Atendiendo al Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), elaborado por la Comisión Europea, la Administración Pública española se sitúa en cuarta posición dentro del ámbito de servicios públicos digitales. Esto implica que, en nuestro país, aún queda una parte del trayecto por recorrer ya que el 90% de las administraciones se encuentran en proceso de transformación digital.
Solo el 30% de las administraciones españolas tiene un nivel de digitalización muy avanzado
En este sentido cabe destacar que, según apunta la consultora Entelgy, en España, solo un 30% de las administraciones se encuentra en un nivel de digitalización muy avanzado. No obstante, todo apunta a que se busca seguir avanzando tal y como constata la creación el pasado mes de enero de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales con la mirada puesta en alcanzar un nivel de digitalización completo.
Para ello, la Administración Pública debe salvar cuatro barreras aún existentes hoy en día y que parten de la necesidad de establecer un plan estratégico con objetivos ambiciosos y que esa hoja de ruta se mantenga.
No obstante, la falta de personal especializado en digitalización se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que las organizaciones avancen en su digitalización. Según Entelgy, actualmente el 67% de las instituciones en España ha tenido que contratar profesionales externos para que les ayuden en su proceso de digitalización ya que solo un tercio de ellas cuenta con personal propio cualificado.
IA, biometría o blockchain, tecnologías para una mejor eficiencia en la Administración Pública
Se trata de una problemática especialmente importante cuando se refiere a la falta de profesionales especializados en ciberseguridad. A esto se une que tres de cada cuatro empleados públicos supera los 40 años de edad, lo que hace necesario invertir para actualizar su formación en el uso de nuevas herramientas digitales.
Esto pone en evidencia la necesidad de que se adopten tecnologías emergentes que ayuden a la Administración Pública a que sea más ágil, intuitiva y útil para el usuario, en este caso, los ciudadanos. La Inteligencia Artificial, la biometría o el blockchain son algunas de las tecnologías que tienen un gran futuro por delante y que pueden ayudar en gran medida a que las administraciones públicas sean más eficientes.
Imagen inicial | Glenn Carstens-Peters