España es, tras Estados Unidos y Reino Unido, el país más atacado a nivel mundial. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó el año pasado 38.000 incidentes de ciberseguridad, un 43% más que en 2017. Una verdadera vorágine de ciberataques que ponen de relieve la importancia de la ciberseguridad y la seguridad, más aún, en entornos altamente sensibles como es la administración pública.
Y es que tanto los organismos centrales como las entidades autonómicas y locales cuentan con una gran cantidad de información sensible que cada día está más expuesta. Datos de la ciudadanía, cifras financieras y documentos de gran valor a los que acceder a golpe de clic y que suponen un gran valor que mantener a salvo.
La protección de infraestructuras, procesos y equipos o la adaptación a la GDPR dentro de la administración pública se vuelve vital. Aunque la seguridad 100% es una utopía, las estrategias de protección en sus diferentes vertientes son la única manera de prevenir, mitigar e intentar que los ciberataques no lleguen a buen puerto.
Nextel, SII Concatel y Dimension Data, principales adjudicatarios de seguridad
En este sentido, son muchos los proveedores TI que trabajan al lado de los organismos públicos para proveer un servicio de protección de cualquier tipo (balanceadores, firewall, adaptación GDPR o seguridad perimetral). Los datos de Adjudicaciones TIC nos desvelan que Nextel, SII Concatel, Dimension Data, KPMG, Omega Peripherals, IT Corporate Solutions y Eulen han sido los principales adjudicatarios en materia de seguridad en lo que llevamos de 2019.
En estos primeros meses de 2019 se han adjudicado más de 3,7 millones de euros en proyectos de protección. Entre los principales licitadores destacan proyectos en País Vasco (Sociedad para la promoción y reconversión industrial), Cataluña (Generalitat de Cataluña) o Hospitalet de Llobregat (Ayuntamiento).
En todo 2018 el importe de proyectos relacionados con la seguridad sobrepasó los 84,6 millones de euros. Si solo nos fijamos en la ciberseguridad el valor fue de 15,2 millones de euros. Un valor ligeramente más elevado que en 2017 cuando los proyectos superaron los 81,8 millones de euros. Si solo nos fijamos en la ciberseguridad el valor fue de 15,2 millones de euros.
Si comparamos los comienzos de año de este 2019 y el anterior si que vemos una subida más significativa. Si en los primeros cuatro meses de 2018 se adjudicaron 41 proyectos por un importe de más de 5,8 millones de euros, durante este primer intervalo del año se han otorgado 66 adjudicaciones de seguridad por más de 21,1 millones de euros.
Los datos evidencian que, pese al parón político por las elecciones tanto generales como autonómicas y locales, la administración pública va entendiendo la necesidad de asegurar sus estructuras, adaptarse a las normativas europeos, factores y retos para que el proceso de digitalización sea un éxito.
¿Trabajas con la administración público en materia de seguridad? ¿Qué proyectos se están licitando?
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