Las administraciones públicas españolas no cumplen con los requisitos básicos recogidos en la regulación y que suponen un cambio en su funcionamiento y en la prestación de servicios públicos y que sienta las bases para su funcionamiento digital.
Tal y como se desprende del estudio “La Administración Digital en España”, elaborado por EY, las administraciones públicas deben abordar un plan estratégico integral de transformación digital para adaptarse a las nuevas necesidades de ciudadanos y empresas.
Según este estudio, las comunidades autónomas cumplen de media el 77% de los requerimientos básicos contenidos en las leyes que lo regulan, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y la 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
El País Vasco es la comunidad autónoma más avanzada en funcionamiento digital, ya que cumple el 94,7% de estas exigencias, seguido muy de cerca por Galicia, con un cumplimiento del 94,2%, Cataluña con un 93,5%, Asturias con un 90,2%, y Madrid, con un cumplimiento del 89,5%.
En el lado opuesto, Extremadura es la comunidad que menos cumple con esta legislación, un 47,9%, seguida de Aragón, con un 51,2%, y Navarra, con un 66,5%.
Solo el 64,5% de los ayuntamientos españoles cumplen con los requerimientos de funcionamiento digital establecidos
Las diputaciones y cabildos españoles también tienen un largo recorrido por delante para abordar la transformación digital ya que solo el 64% cumple con los requerimientos básicos contemplados en las dos leyes que los regulan.
Asimismo, la media de cumplimiento básico en los ayuntamientos españoles se sitúa en un 64,5%, siendo el de Valencia el que mejor adecua sus procedimientos digitales a los requerimientos básicos, ya que cumple con el 87% de ellos, seguido de los de L’Hospitalet, Madrid, Málaga y Barcelona. Por el contrario, los ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña son los menos avanzados digitalmente.
Como apunta Manuel Márquez, socio de EY responsable de Consultoría de Sector Público, esta necesidad de transformarse digitalmente es el gran desafío de la administración pública para dar respuesta a los retos de la sociedad.
Para ello es de vital importancia que se evalúen los planes ya fijados, los presupuestos destinados y se marquen objetivos ambiciosos. De no ser así, no será posible cumplir con los plazos que marca la ley, además del negativo impacto que ello conlleva en la relación de ciudadanos y empresas con la administración, que afecta a múltiples ámbitos.
Por temática, prácticamente la mayoría de comunidades autónomas cumplen con la gestión de un portal web, el 94,1%. Sin embargo, solo ocho comunidades, el 47,1% permiten a los ciudadanos relacionarse con la administración a través de su sede electrónica.
En lo que a asistencia al ciudadano y empresas a través medios electrónicos, solo 10 de las 17 comunidades autónomas lo cumplen al 100% y solo cuatro comunidades cumplen con todos los requerimientos para ofrecer sistemas de identificación digital y métodos de firma electrónica para relacionarse con la administración.
Ninguna comunidad autónoma ni ayuntamiento cumple con los requerimientos de registro electrónico
Además, nueve comunidades autónomas no cumplen con dos de las principales exigencias sobre esta materia (utilización de sistemas de firma electrónica por parte de entidades públicas y usabilidad de los mismos) y se considera que no disponen de firma electrónica habilitada.
Asimismo, ninguna comunidad ni ayuntamiento cumple totalmente con los requerimientos de registro electrónico y solo siete comunidades cumplen con los referentes a comunicaciones y notificaciones mediante medios electrónicos sobre resoluciones y actos administrativos.