La Unión Europea planea gravar los ingresos de grandes compañías tecnológicas en función de dónde se encuentren sus usuarios en lugar de hacerlo por la ubicación de su sede. Esto implicaría aplicar una tasa de entre el 1% y el 5%.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado empezar a trabajar en las nuevas medidas fiscales para gravar la actividad de las empresas digitales. La idea es que las compañías del sector paguen en función de su volumen de negocio en la UE.
Esta medida incrementará la factura tributaria de compañías con ingresos globales que superen los 750 millones de euros y cuyos ingresos generados por su negocio digital en la Unión Europea sea de al menos 10 millones de euros. En el punto de mira estarían firmas como Amazon, Google o Facebook, que han mantenido litigios con las autoridades europeas por pagar menos impuestos al llevar sus sedes a países como Irlanda o Luxemburgo para tributar menos.
Alemania, España, Francia e Italia han lanzado una propuesta inicial a la que se han sumado otros países y que implicaría la creación de un impuesto sobre la facturación de estas empresas que compensaría lo que las firmas tecnológicas no están pagando en su impuesto de sociedades. De momento, se trata de una propuesta inicial ya que algunos expertos apuestan por gravar a las empresas a través del impuesto de sociedades, algo que requiere aplicar nuevos mecanismos.
Una vez estudiada la forma de llevar a cabo esta medida, la Comisión Europea deberá presentar una propuesta en los próximos meses que permita aplicar la nueva tasa que deberán pagar grandes compañías del sector tecnológico.
Nueva normativa para la cesión de datos
Pero esta no es la única propuesta en la que está trabajando la UE. Aunque no han trascendido detalles, el ejecutivo comunitario también está trabajando en una nueva normativa que obligaría a las empresas tecnológicas a dar los datos personales de sus clientes cuando se les solicite, aunque los datos se encuentren almacenados en servidores fuera de la zona comunitaria.
Si bien se trata de un arduo trabajo debido a las legislaciones que tiene cada país de la Unión y a la localización de los datos, muchos de los cuales ya están en entornos cloud, de aprobarse esta normativa, las autoridades policiales y judiciales podrían tener acceso a pruebas electrónicas que estén almacenadas dentro o fuera de territorio comunitario.
