El Gobierno español ha aprobado un real decreto que establece el cargo del nuevo canon digital a los presupuestos generales del estado, por lo que serán todos los ciudadanos los que paguen el canon, y no sólo los que adquieran los dispositivos.
Como sabes, tras la declaración de ilegalidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea gracias a la denuncia de la empresa Padawan apoyada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática (APEMIT) y con otra denuncia por prácticas monopolísticas y tarifas abusivas de las sociedades de gestión, el canon digital tenía los días contados y el gobierno aprobó su eliminación.
En su lugar estableció una ‘compensación equitativa por copia privada’ que ahora regula con un cargo a los presupuestos, que compensará a ejercicio vencido a las entidades de gestión de derechos, en 2012 con cinco millones de euros.
El Real Decreto regulará y fijará quiénes son los beneficiarios de la compensación equitativa por copia privada, con cuánto han de ser compensados, cómo se va a determinar la cuantía, qué porcentajes van para soportes sonoros, audiovisuales y libros y la asignación a las entidades de gestión para su posterior reparto.
«Con carácter técnico, el Real Decreto regula y fija quiénes son los beneficiarios y con cuánto han de ser compensados, en virtud de una serie de criterios objetivos», señalan desde el gobierno, asegurando que, «permitirá llevar a cabo esa compensación y cumplir con la obligación que impone la normativa comunitaria de abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual».
El nuevo canon digital no parece haber gustado a nadie y desde la asociación de internautas titulan que ‘El canon digital que sólo contenta a Wert’ porque «deja el problema sin resolver… No tiene sentido que ahora se castigue al contribuyente, que todo el mundo pague, hagan o no copia privada”, indican.
Varios colectivos se plantean incluso denunciar a España ante la Comisión Europea por la violación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que habla de que el canon sólo lo deben pagar las personas que realicen copias privadas.
El argumento estima que si la sentencia del TUE llenó la razón a los opositores al canon (empresas, internautas, asociaciones, consumidores…) calificándolo de ilegal por considerarlo indiscriminado, aún peor será que lo paguen todos los ciudadanos vía presupuestos.