Asimelec ha presentado el Informe 2010 del Macrosector TIC en España donde refleja que el año 2009 el macrosector TIC ha decrecido un 7%, lo que se ha traducido en pérdidas de 5.000 millones de euros en facturación. La patronal afirma que sólo medidas concretas y bien diseñadas permitirán superar las perspectivas pesimistas que dicen que las TIC en España podrían retroceder un 2,5%.
El Informe también refleja que todos los subsectores han sufrido decrecimientos, siendo especialmente significativo el del sector de equipamiento de telecomunicaciones, con un retroceso del 17,6%. Según Asimelec, el descenso de las inversiones en infraestructuras de red y el menor gasto en la adquisición de dispositivos móviles en el ámbito residencial han provocado esta importante caída de los ingresos en este subsector, que han pasado de 5.948,8 millones de euros en 2008 a 4.900,5 millones en 2009.
En servicios audiovisuales, la caída ha sido del 11,3%, pasando de los 7.118,4 millones facturados en 2008 a los 6.315,5 millones del año pasado, siendo la caída de la publicidad responsable de buena parte de las pérdidas.
La electrónica de consumo decreció un 10,2% durante 2009, pasando de 4.661,8 millones de euros facturados en 2008, a los 4.188,2 millones del año pasado, básicamente por la drástica reducción del consumo en el ámbito residencial. Por lo que se refiere al equipamiento informático, el descenso fue del 9,7% (2.895 millones de euros en 2008, frente a los 2.776,7 millones de 2009) motivado en buena parte por la reducción del consumo.
El resto de los sectores (servicios de telecomunicaciones, servicios informáticos, software informático y contenidos digitales) experimentaron reducciones por debajo de la media del Macrosector TIC, resistiendo mejor la situación de crisis económica.
Según Martín Pérez, presidente de Asimelec, el informe es un claro reflejo del impacto de la crisis en los distintos segmentos que componen el macrosector TIC de nuestro país, «y lejos de esperar a una recuperación acorde a la del resto de los mercados, exige un impulso por parte de la Administración Pública debido al impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre distintos factores económicos, tales como la competitividad, la eficiencia, y su incidencia en la transformación necesaria de entornos como la sanidad pública, la justicia o la educación«.
